Con el fin de aclarar defectos en la descripción corporal del acusado, el TOP de Puente Alto acompañó el documento emitido por Gendarmería de Chile, pero esta diligencia no afecta la imparcialidad del juzgador, al quedar asentado que dicho instrumento no fue la prueba determinante para que los jueces se formaran convicción condenatoria.
El máximo Tribunal estimó que la petición de la Corte de alzada quebrantó la imparcialidad de los jueces de fondo, privando al acusado de su derecho a un proceso racional y justo.
El principio de imparcialidad no se ve perjudicado por el hecho de que un caso, que fue conocido por la Autoridad de Competencia en un procedimiento no contencioso relacionado con su misión de velar por el buen funcionamiento de la competencia en los mercados, sea examinado posteriormente, por la misma autoridad, en un procedimiento sancionador.
Uno de los ministros que rechazó el recurso, era al mismo tiempo el presidente del Tribunal Electoral de la región, órgano que destituyó al edil por los mismos hechos que posteriormente sirvieron a la justicia para condenarlo por malversación de recursos públicos, por lo que se encontraba legalmente implicado y no se abstuvo de participar en la vista de la causa, hecho que vulneró la garantía procesal del tribunal imparcial.
El recurrente conserva la totalidad de los derechos para ejercer su defensa; tales como formular descargos, defensas y pruebas e incluso, impugnar el acto terminal si lo estima pertinente.
A pesar de que SEGPRES ejerce funciones de carácter político, y en este sentido se vincula con distintos actores –partidos, Congreso Nacional, etc.-, la Contraloría no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado pueden tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones.
El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso y la no discriminación arbitraria.
La imparcialidad se pierde en el momento en que el juez actúa como una parte dentro del proceso.
Polonia podría enfrentarse a sanciones económicas si no cumple la sentencia de la UE.
El procedimiento de nombramiento de jueces influenciado por los poderes legislativo y ejecutivo es incompatible con el artículo 6 del Convenio.
