Pese al estado excepcional debido a la crisis sanitaria, el demandante cambió en reiteradas oportunidades la fecha de la audiencia de conciliación, y luego mantuvo una actitud pasiva en la tramitación del juicio, por lo tanto, no puede excusarse en la pandemia para neutralizar los efectos de su ausencia de interés en la prosecución del litigio.

El fallo no explica por qué traslada a la actora una responsabilidad atribuida explícitamente al oficial primero, ni tampoco aclara por qué dicho funcionario se vería en la necesidad de realizar un control adicional diario para constatar si la causa se encuentra en estado de ser elevada.

Los requirentes exponen que, a diferencia del proceso ejecutivo en sede civil, en materia laboral el impulso procesal no está radicado en las partes, sino en el tribunal, en cuanto tiene que velar por los derechos y garantías constitucionales del trabajador.

El tribunal de primer grado requirió a la receptora judicial informe que indique la fecha de notificación de la sentencia definitiva a las partes, previo a proveer el recurso de apelación deducido por el actor, el que aquella presentó luego de 10 meses, por lo que no puede acusarse inactividad del actor para fundar el abandono del procedimiento.

Las solicitudes y actuaciones del actor no interrumpieron el plazo del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, debido a que tales diligencias no tienen el mérito de dar curso progresivo a los autos.

El incidente de abandono del procedimiento tiene lugar en la medida que las partes estén en situación de poder realizar alguna actuación que implique una gestión útil.

Corte Suprema anuló el fallo al considerar que el impulso procesal era del tribunal.

Al existir recursos pendientes por resolver y encontrarse el proceso en etapa de prueba, la carga correspondía al tribunal.

El Tribunal debía, de propia iniciativa, fallar las excepciones dilatorias opuestas por los demandados una vez vencido el plazo de tres días otorgado a la contraria para exponer lo conveniente a sus derechos.