Al tenor del artículo 502 del Código del Trabajo, la unificación es improcedente respecto de las decisiones dictadas en el procedimiento monitorio.
Si una acción de protección ha sido admitida, la Corte debe dictar sentencia sin que se pueda volver a analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, conforme a la regla de preclusión. Sin embargo, si previamente no se han agotado todas las vías procesales será menester aplicar una excepción a esta regla.
El objeto perseguido en subsidio por el reclamante se logró, toda vez que fue condenada a pagar una multa considerablemente menor que la impuesta inicialmente por el órgano fiscalizador.
El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.
El legislador no ha establecido la improcedencia de recursos en su contra, por lo que es susceptible de recurso de casación en aplicación de las reglas generales.
Las normas impugnadas no tienen rango legal.
No existe gestión judicial pendiente.
Adolece de falta de debido fundamento plausible.
La impugnación no permite derivar, sin más, que la aplicación del auto acordado vulnere el derecho de propiedad debido a un procedimiento que adolecería de vicios por la realización de una subasta pública a través de medios remoto.
La cuestión de inconstitucionalidad que se desarrolla en el requerimiento no permite derivar, sin más, que la aplicación del auto acordado cuestionado implique una vulneración de su derecho de propiedad debido a un procedimiento que, en su argumentación, adolecería de vicios por la realización de una subasta pública a través de medios remoto.
