La recurrente pretendía obtener una respuesta rápida, careciendo de un derecho indubitado.
En la especie, existe un proceso judicial pendiente respecto del automóvil, lo que impide que mediante una acción cautelar se pueda ordenar su devolución.
La Corte Suprema indicó que el recurrente no relacionó los hechos acusados, con las normas que influyeron en lo dispositivo del fallo recurrido.
El deudor principal se sometió a un procedimiento concursal de liquidación.
La actora alegó que la sentencia le causó grave perjuicio por no haber condenado a su oponente al pago de las costas pese a desplegar una conducta ilegítima y a que no tuvo motivos plausibles para litigar.
El asunto está radicado en el tribunal de familia, que es la autoridad competente para decretar las medidas que estime pertinentes.
Por no ser la vía idónea al efecto, pues existen en el ordenamiento jurídico otras acciones para que los recurrentes pueden perseguir y objetar la pretendida actuación.
No cumple con el requisito en torno a la estructuración argumentativa de un conflicto constitucional claro, delimitado y estructurado vinculado con el caso concreto que se sigue en la gestión pendiente.
La impugnación no argumenta con precisión la manera en que el auto acordado cuestionado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales que el requirente estima vulnerados.
La resolución no pone término al procedimiento ni hace imposible su continuación, toda vez que éste prosigue respecto de uno de los tres demandados.
