El Tribunal Constitucional ha declarado la inadmisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 129 de la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo. El precepto impugnado establece que el […]

El máximo Tribunal rechazo la impugnación por no acompañarse resolución de contraste fundada en los hechos homologables.

Los planteamientos fácticos disimiles del fallo que se acompaña impiden realizar el ejercicio de contraste que es propio de este recurso excepcional.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro Brahm y el Ministro Letelier, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento, en tanto no se aprecia la configuración de ninguna de las causales de inadmisibilidad que prevé el artículo 84 de la LOCTC.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio presentado en contra la de sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que hizo lugar a la demanda.

La resolución señala que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del artículo 84 de la LOCTC, ya que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Letelier, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, teniendo para ello presente que se da cumplimiento a todas las exigencias del artículo 84 LOCTC.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, carecer de fundamento plausible.

La Sala ha logrado formarse la convicción de que la acción constitucional deducida no puede prosperar al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC.

La Segunda Sala ha llegado a la convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad del artículo 84 N° 5 de la LOCTC, esto es, cuando aparezca que los preceptos legales impugnados no resultarán decisivos en la resolución de la gestión pendiente.