El uso por parte de los socios de bienes inmuebles declarados como familiares, propiedad una sociedad, se encuentran afectos al pago del impuesto a la renta. Se grava la renta generada por el uso de bienes del activo social de la empresa por parte de un socio para fines personales, considerando este uso como un beneficio patrimonial, lo que revela que tiene un claro objetivo antielusivo y de control fiscal.

El Tribunal Constitucional acogió la solicitud de suspensión de la gestión pendiente luego de que la Gobernadora Regional presentara un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 23 sexies, inciso cuarto, de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Particulares dueños de predios superficiales presuntamente afectados por solicitudes de ampliación de servidumbres para trasladar agua desalada hacia las faenas de una empresa minera, pidieron que se declare inaplicable el bloque jurídico completo del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras que las regulan, sosteniendo que la petición de ampliación debía tramitarse conforme las normas que regulan las servidumbres en el Código Civil, en un juicio de lato conocimiento.

El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.

El requirente alega que la prohibición de presentar testigos en sede de revisión vulnera la igualdad ante la ley y su derecho a defensa, debido a que torna ésta en ineficaz al no poder ofrecer un testimonio al que la defensa tuvo acceso después de dictada la sentencia condenatoria.

Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.

El requirente alega que la Corte de Apelaciones de Santiago, cuya Sala Tramitadora era la recurrida de queja, emitió tardíamente dicho certificado, lo que generó la inadmisibilidad del recurso por parte de la Corte Suprema.

El requirente alega que la empresa eléctrica intenta imponer las servidumbres en su beneficio fundada en las normas del Código de Aguas, luego de que omitió constituirlas conforme al procedimiento que regula la ley eléctrica, lo que contraviene el artículo 19 Nº 24 y Nº 26 de la Constitución.

La disposición no satisface las garantías mínimas que permitan sancionar adecuadamente una conducta infraccional, desde que su texto no establece un marco de justicia y racionalidad.

La norma sanciona el ocultamiento con privación de libertad de 61 a 540 días y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales.