La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad de los preceptos legales que impugna para garantizar el debido proceso, la igualdad y el derecho de propiedad de los involucrados.
La requirente sostiene que la aplicación en la gestión pendiente de las disposiciones impugnadas del artículo 162 del Código del Trabajo, vulneran derechos fundamentales al imponer una sanción desproporcionada y sin límite temporal, afectando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, al generar deudas excesivas e intereses acumulativos pese al pago previo de las cotizaciones previsionales.
La requirente sostiene que los preceptos impugnados harían responsable al representante legal de la sociedad deudora por la que giro el cheque, atribuyéndole responsabilidad civil solidaria como “girador formal del cheque”, lo que infringe los artículos 1, 19 Nº 3 y 24 de la Constitución.
La requirente impugna los artículos 671 del Código Civil y 497 del Código de Procedimiento Civil, por estimar que en la gestión pendiente permitieron que se reviviera un proceso fenecido, lo cual vulneró el debido proceso, su derecho de propiedad e infringió la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales.
La requirente sostiene que el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil establece, de manera absoluta, una sanción de convalidación al considerar que cualquier actuación en el expediente implica la renuncia al derecho de alegar abandono, incluso si dicha actuación no refleja el conocimiento del abandono. Argumenta que esta norma, diseñada para procedimientos judiciales con garantías procesales, resulta arbitraria y vulnera el debido proceso al aplicarse en contextos administrativos, donde no se cumplen estándares mínimos como acceso al expediente o reglas claras de formación.
La requirente sostiene que el precepto impugnado resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, al restringir injustificadamente el derecho a una defensa efectiva y a un juicio justo.
La requirente sostiene que el precepto impugnado vulnera el derecho de defensa, a un debido proceso legal y el principio de igualdad de armas, y que cualquier limitación al derecho a ofrecer pruebas debe ser coherente con un juicio justo y condiciones equitativas para ambas partes.
La requirente sostiene que la aplicación automática del anatocismo es desproporcionada y no se justifica en el caso concreto, pues añade un gravamen innecesario que perjudica al empleador sin un beneficio adicional para el trabajador.
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional la frase “La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes”, contenida en el inciso primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. El precepto legal impugnado establece lo siguiente: “Artículo 486.- “La tasación será la […]
La requirente sostiene que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente, producen graves infracciones constitucionales, específicamente al Principio de Proporcionalidad.
La requirente sostuvo que en el caso concreto, la aplicación del precepto legal impugnado restringe injustificadamente diversos derechos constitucionales, incluidos el derecho al debido proceso, a la libertad económica, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
