El sentido gramatical del precepto es claro, habla de «consultas de médicos», por lo que la consecuencia no puede ser otra que excluir a los dentistas a la hora de computar las 35 horas retribuídas de consultas médicas. Una interpretación extensiva sería contraria al sentido de la norma, que exige que las consultas sean médicas.
Son circunstancias que no afectan a la capacidad física del trabajador para desarrollar su profesión.
La recurrida estimó la calificación de incapacidad laboral del actor en un 55%, y el recurrente dedujo reposición para impugnar aquel porcentaje. No obstante, al rechazar la reposición, la Comisión Médica Central redujo la calificación a un 14% sin ninguna argumentación, ni motivación fundada que sostuviera aquella disminución; vulnerando de esta forma la igualdad ante la ley el de debido proceso.
Las dolencias acreditadas no producen en el momento actual limitaciones relevantes en la capacidad funcional del recurrente hasta el punto de impedirle la realización de las fundamentales tareas de su trabajo habitual.
El hecho que la víctima no tuvo interés en concurrir al SML para ser periciado y que no aceptara la licencia médica que le iba a ser extendida por el respectivo facultativo del Hospital del Trabajador para no perder su trabajo, hacen suponer que tampoco concurrirá al juicio oral que debería realizarse, en caso de acogerse el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público.
La finalidad de las vacaciones anuales retribuidas es permitir que el trabajador descanse de las tareas que le incumben según su contrato de trabajo y que disponga de un período de ocio y esparcimiento. A diferencia de una enfermedad, un período de cuarentena no impide, en sí mismo, la consecución de estos fines.
La medida busca establecer un beneficio tributario para quienes se encuentren en esta condición y sean propietarios de bienes raíces no agrícolas habitacionales.
La calificación de la pérdida de capacidad laboral es un derecho que asiste a las personas, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentren vinculadas y es el medio para acceder a los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital cuando sobreviene una invalidez, bien sea de origen común o laboral.
