Resolvió que las actuaciones desplegadas por el ejecutado en la causa importaron una aquiescencia a que el asunto se sometiera a la justicia ordinaria, precluyendo su derecho a formular la incompetencia del tribunal con posterioridad a la comparecencia al proceso.
El Servicio alegó, además, que la georreferenciación de la gestión de la receptora judicial la ubicaba frente al domicilio del organismo de salud, sin embargo, el Tribunal determinó que ello no invalidaba la notificación, toda vez que estaban permitidas las imprecisiones del GPS de menos de 100 metros.
En su exposición señalan que el competente para este tipo de pronunciamientos es el Subdirector de Partidos Políticos, en virtud del artículo 74 letra G de la Ley 18.556.
El requirente alega que la restricción recursiva resulta arbitraria, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El requirente alega que se le impide arbitrariamente la revisión por un tribunal superior de una resolución que le perjudica, afectando su garantía al debido proceso.
El requirente alega que imponerle la carga de probar un hecho negativo es excesiva y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
