Para evitar colocarse en la posición de “legisladores negativos”, varios tribunales constitucionales, desde mediados del siglo XX, comenzaron a emitir diferentes tipos de sentencias genéricamente denominadas “atípicas”.
El acuerdo permitía la extracción de cobre en una zona boscosa del Caribe panameño por al menos 20 años, generando protestas masivas que se extendieron por más de un mes. El fallo es considerado un triunfo ciudadano en la «lucha por la protección ambiental y el respeto a las leyes».
El juzgado Europeo de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Profesionales Para la Salud Transgénero y la ONU, dijeron que el requisito era discriminatorio e infringía los derechos humanos.
El esquema de proyectos trata a todos los “proyectos designados” de la misma manera, independientemente de si el Parlamento tiene una jurisdicción amplia sobre la actividad en sí o una jurisdicción más estrecha sobre los impactos de la actividad en los jefes de poder federales. Además, muchas de las actividades físicas a las que se aplica el plan están reguladas principalmente a través de los poderes de las legislaturas provinciales.
El Poder Ejecutivo Nacional alegó que la sentencia recurrida es arbitraria, pues resulta excesivo sostener que la norma impugnada del Decreto incurre en un exceso reglamentario, en cuanto es competencia del Poder Ejecutivo establecer los requisitos para acceder a un cargo.
El gobierno tenía la obligación de considerar otras medidas menos restrictivas para hacer frente a la disputa de poderes antes de tomar medidas tan drásticas como la suspensión de las facultades del Parlamento y la limitación de la inmunidad de sus miembros, que fueron elegidos libremente por los ciudadanos.
La decisión beneficia a personas que obtuvieron la residencia por razones humanitarias, que no cuenten con permiso de trabajo, ya que anteriormente solo los migrantes con actividad laboral podían optar al subsidio.
Norma ha sido declarada inaplicable en numerosas ocasiones por incumplir la exigencia de tipicidad que impone la Constitución.
El demandado mantuvo un evidente desinterés en dar solución a la consumidora que sufrió la sustracción de su teléfono en la sucursal bancaria.
La sentencia constitucional indica en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de los artículos 91 BIS y 344 BIS del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el artículo 36 de la Ley 004, relativo a proceso penales en ausencia.
Los Magistrados señalaron que pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley y por ende tienen los mismos derechos y obligaciones, no puede soslayarse que la mujer por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos.
