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En fallo dividido, el tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia.
En fallo dividido, el tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia.
La magistratura hizo lugar a una demanda de indemnización de perjuicios, justificando la existencia de lucro cesante en las conclusiones de un informe de pericial incompleto, transcribiendo su resultado sin efectuar mayor análisis, incurriendo con ello en el vicio de nulidad formal establecido en el artículo 768 Nº5 del Código Adjetivo.
La Sexta Sala del tribunal de alzada ratificó el fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
La magistrada acogió la acción y le ordenó a la prestadora de salud privada indemnizar a la afiliada demandante por concepto de lucro cesante y daño emergente.
El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes la sentencia impugnada.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la aseguradora al no cubrir la póliza contra siniestros contratada.
El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la resolución de primera instancia. Esta sentenciadora considera procedente desestimar la alegación opuesta por la demandada, referida a que el asegurado habría incumplido su obligación de cuidado medio u ordinario dispuesta en la cláusula primera del título tercero del condicionado general de la póliza, y que, sustantivamente, corresponde a una excepción de contrato no cumplido.
La Corte determinó que el demandado incumplió la obligación de entregar la posesión tranquila e ininterrumpida de la cosa vendida, y lo condenó a indemnizar el daño emergente y el daño moral.
La Municipalidad de Renca infringió el principio de estricta sujeción a las bases, que permiten justificar el incumplimiento del servicio convenido si acontece un caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la paralización nacional de la federación de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al Estado pagar el porcentaje adeudado.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a la compañía de seguro dar cumplimiento al contrato y pagar a la demandante la suma de $5.910.213 por concepto de daño emergente, más $3.000.000 por daño moral.