La Corte determinó que el demandado incumplió la obligación de entregar la posesión tranquila e ininterrumpida de la cosa vendida, y lo condenó a indemnizar el daño emergente y el daño moral.

La Municipalidad de Renca infringió el principio de estricta sujeción a las bases, que permiten justificar el incumplimiento del servicio convenido si acontece un caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la paralización nacional de la federación de trabajadores recolectores de residuos domiciliarios.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, que le ordenó al Estado pagar el porcentaje adeudado.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a la compañía de seguro dar cumplimiento al contrato y pagar a la demandante la suma de $5.910.213 por concepto de daño emergente, más $3.000.000 por daño moral.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia que ordenó a la demandada el pago de la multa establecida a título de cláusula penal, por la suma de $13.038.548.

El fallo de primera instancia desestimó las alegaciones de los estudiantes afectados por falta de pruebas que dieran cuenta del incumplimiento del contrato de educación, pero la Corte revocó esa decisión tras establecer que la prueba del cumplimiento era carga del proveedor denunciado.

Se constató que el empleador actuó de mala fe al fundar los despidos en un supuesto término de operaciones que demostró ser un cierre simulado, y por presentar una nueva oferta laboral en condiciones desventajosas para los empleados.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó a la parte demandada el pago de 805,3220 UF por daño material y $4.000.000, por concepto de daño moral.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en la forma intentado por constructora en contra de la sentencia, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que desestimó, con costas, la demanda. 

El Tribunal estableció que en la especie se constata la responsabilidad de la compañía aseguradora al incumplir la obligación pactada de cubrir la reparación del vehículo.