La demanda trata sobre el cumplimiento, terminación e indemnización relacionada con un contrato de franquicia, materias cubiertas por la cláusula compromisoria, y según el artículo 1545 del Código Civil, la cláusula compromisoria solo obliga a quienes la suscribieron. No todas las partes del litigio comparecieron en dicho contrato.
Como fue valorado precedentemente, no se demostró que obedeciera a un motivo por el cual no debiera responder, en tanto no se probó que hubiera sido consecuencia de circunstancias climáticas que configuraran un supuesto de caso fortuito y de fuerza mayor por las que no debiera responder, ni tampoco que las medidas adoptadas a raíz del evento constituyeran una decisión razonable y justificada.
De no producirse el control diligente de todas las operaciones por parte del establecimiento, es claro que tal actuación por parte del personal es negligente y por ello determina culpa por su parte en la producción del daño. Ahora bien ello no impide apreciar la existencia de culpa concurrente en el usuario que no observa la mínima diligencia y que con su actuación negligente determina también la producción del daño.
La Magistratura Constitucional concluye que el requerimiento de inaplicabilidad no contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado la infracción de los derechos y garantías constitucionales alegadas como transgredidas.
El Derecho de la Unión no regula las modalidades del ejercicio del derecho a resarcimiento por los daños y perjuicios causados por una infracción del Derecho de la competencia. Por lo tanto, corresponde a cada Estado miembro regularlas, respetando, en particular, el principio de efectividad.
Lo resuelto no conforma lo que dispone el precepto y el conjunto de su articulado que, claramente y como indican tanto la parte recurrente cuanto el Ministerio Fiscal, especifica que ha de entenderse fijada la indemnización (solamente) cuando así resulte del acuerdo alcanzado por las partes o por resolución judicial. Circunstancia que no concurre ni en la sentencia recurrida ni en la de contraste.
La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de la Sociedad Implant Laser y un odontólogo, condenados al pago de $613.000 por daño emergente y $2.500.000 por daño moral debido a la instalación negligente de implantes dentales. El máximo tribunal determinó que no existían errores de derecho en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
El accidente laboral sufrido por la accionante en 2022 generó secuelas físicas y psíquicas permanentes que afectan significativamente su capacidad laboral y calidad de vida. La fórmula de Balthazard, aplicada sobre la incapacidad física del 10% y la incapacidad psíquica del 10%, a los que se adicionan factores de ponderación arroja una incapacidad total combinada del 25.8%.
Aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias.
El tribunal resalta que las actuaciones que realizó para indagar su filiación biológica, se asentaron en una afirmación inexacta, la de que la filiación materna estaba identificada en el legajo de nacimiento, y que la misma se correspondía a la demandante, lo que es incierto.
Parece claro que, en este caso, dadas las características del miembro y el tiempo que puede estar sin irrigación, se tardó un tiempo notablemente superior al adecuado, según la lex artis, en llamar al cirujano vascular, lo cual provocó la imposibilidad de recuperar la pierna.
