El demandado alegó la improcedencia de indemnizar el total del valor comercial del vehículo chocado, si los restos del mismo igualmente tienen valor, el que debe ser descontado del monto total a pagar; argumento que fue acogido por la Corte.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia que descartó falta de servicio en el procedimiento de legrado y posterior histerectomía que fue necesario practicarle a la recurrente para salvaguardar su vida.

Los organismos especializados de Naciones Unidas, como es la ONU-PMA, gozan de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en caso que renuncien expresamente a la misma. No obstante, la renuncia de inmunidad no puede extenderse a ninguna medida de ejecución. Por tanto, gozan de inmunidad funcional de jurisdicción e inmunidad de ejecución; la primera puede ser objeto de renuncia, mientras que la segunda no.

La Corte resolvió revocar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por ese concepto, con miras a evitar un enriquecimiento indebido de las actoras.

La conducta de la demandada fue intensa y afectó la esfera personal del actor, produciendo un daño moral indemnizable al haber ocasionado impotencia en él ante la imposibilidad de poder explicar siquiera su situación, ansiedad e incertidumbre en orden a la reclamación de dineros que se cobraron arbitrariamente.

Si bien el actor debió adoptar las máximas precauciones por la naturaleza de la vía en que circulaba, la acción de la demandada contribuyó causalmente a la caída del motorista al adentrarse en la calzada de vehículos con su silla de ruedas eléctrica sorpresivamente, sin mirar y a una cierta velocidad.

El demandado alegó que no podía volver a discutirse el asunto por haberse concluido el proceso penal sin condena y con un acuerdo reparatorio, sin embargo, el Juzgado civil dejó establecido que eso sólo extinguía la responsabilidad penal, quedando vigente la civil.

Si bien al desarrollar sus funciones públicas los jueces pueden ser objeto de críticas más severas que las soportadas por ciudadanos que no desempeñan estas funciones, la jurisprudencia ha establecido que es necesario proteger a los integrantes del poder judicial frente a ataques destructivos y desprovistos de fundamentos serios.

Puede considerarse como supuesto de fuerza mayor la presencia de vientos que superan los 120 kilómetros/hora. En este caso, y según lo informado por meteorología, la «Tempestad Ana» fue de extraordinaria intensidad. Ello acredita la falta de nexo causal y desvirtúa la atribución de responsabilidad.

El Tribunal descartó la excepción de falta de legitimación activa del demandante, por cuanto basta con ingresar al establecimiento comercial para ostentar la calidad de consumidor, sin ser necesario concretar algún acto jurídico.