Efectuar mal las obras de reparación de las filtraciones de agua en el domicilio del actor configura una infracción según dispone el artículo 23 de la Ley N°19.496, por lo que se debe compensar al afectado.

No por ser de índole constitucional y de derecho público, la responsabilidad civil del Estado no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, dado que, por su carácter universal, la prescripción no es ajena a esas normativas y puede operar en todas las disciplinas del Derecho Público.

Además, fue condenada al pago de una multa por infracción al artículo 3 letra d) de la Ley N°19.496, que establece el deber de todo proveedor de brindar seguridad en el consumo de los bienes o los servicios entregados.

El Tribunal de segunda instancia rebajó la multa impuesta por infracción a la Ley del Consumidor, por estimar que no se condice con la gravedad de los hechos ni toma en cuenta la conducta posterior del proveedor, que finalmente devolvió el precio de la compra.

Según los artículos 3 letras d) y 23 de la Ley del Consumidor, y en especial atención al giro del proveedor, entre otros, la custodia de valores, el banco debe contar con sistemas de seguridad y vigilancia para evitar la comisión de delitos, ya que ello constituye una exigencia mínima del deber de seguridad.

El banco es quien se beneficia de la emisión de una tarjeta de crédito y por ello debe asumir las consecuencias dañosas de su incorrecta utilización y asumir los riesgos de su contratación, ya que crea un medio de pago que le es rentable.

Esta había denunciado el hecho ante el Comité, el cual estimó que se vulneraron sus derechos al tenor de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos.

Colegio de Lebu debe pagar más de 30 millones de pesos del saldo adeudado por construcción de sus dependencias. Los jueces el fondo al rechazar la demanda no razonaron de forma correcta sobre la prueba aportada por el demandante.

Actuar negligente de los facultativos del Hospital Hanga Roa en Isla de Pascua causaron daños graves e irreversibles a la salud del niño.

Debe ser rechazado el daño emergente sufrido por sus padres, a pesar de la abundante prueba rendida, por cuanto no ejercieron la acción junto a su hija y no son sujetos activos de la acción indemnizatoria ejercida.