El link para rescindir los servicios contratados deberá ser de acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio de internet institucional de los sujetos obligados y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado.

En lo atinente específicamente al reclamo efectuado con relación al daño estético, debe dejarse en claro que el daño, en sentido jurídico, no se identifica con la lesión a un bien (las cosas, el cuerpo, la salud, etc.) sino, en todo caso, con la lesión a un interés lícito, patrimonial o extrapatrimonial, que produce consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales.

Los demandantes no hicieron valer sus intereses con diligencia: sólo interpusieron demandas civiles en el marco del proceso penal tres años y medio después de la presunta infracción, pocos días antes de que expirara el plazo de prescripción aplicable a la misma. En estas circunstancias, hay que tener en cuenta que disponían de otros recursos para hacer valer sus reclamaciones civiles.

El enajenante no puede eximirse de su responsabilidad por daños cuando actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad, cuestión que no ocurre en autos. Como ya apuntara, los demandados, al tener a su nombre un criadero de perros, realizaban este tipo de operaciones en forma habitual.

El caso tiene directa relación con el principio de reparación plena, pero también con las garantías y derechos humanos de la actora como integrante de aquel grupo vulnerable: derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, entre otros (Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores).

Además de los 15 millones de dólares en daños compensatorios que solicita el director, la demanda también contempla la posibilidad de reclamar una compensación adicional en concepto de daños punitivos y ejemplares, con el fin de disuadir futuras conductas similares.

Se cuestionan los límites a los académicos para compartir avances científicos mientras sus manuscritos están en proceso de revisión. Se argumenta que esta práctica obliga a los investigadores a renunciar a derechos de propiedad intelectual sin recibir una compensación adecuada, mientras que, por otro lado, las editoriales obtienen ingresos.

Resolvió que la reclasificación de los hechos de «hurto» a «robo» realizada por el asegurado no constituye una contradicción con su denuncia inicial, lo que impide aplicar la teoría de los actos propios. Esto se debe a que no es exigible al asegurado una correcta subsunción de los hechos en la figura penal de «hurto» o «robo» tipificada por el legislador, prevaleciendo, por tanto, la descripción de los hechos sobre su calificación jurídica.

El centro educativo no tuvo en cuenta las peculiaridades del actor, ni adoptó ningún plan o medida especial, como podía ser un adelanto de curso, una adaptación curricular o una mera atención específica al menor, evitando, por ejemplo, los aprendizajes repetitivos y motivándole a obtener nuevos conocimientos.

Destacó la necesidad de un análisis detallado para determinar el quantum de la indemnización, y declaró que el resarcimiento del daño producido por el delito, así como la acción para hacerlo efectivo, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público, y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.