La detención fue ejecutada por agentes del Estado en una época de excepción constitucional, a instancias del director del establecimiento de salud, un oficial de Ejército.
El legislador consagró una tutela ostensiblemente completa.
El hecho que ocasionó el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo cause un individuo, pues el resultado dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas.
En la especie, hubo elementos concluyentes y definitorios en la prueba rendida en alzada que alteraron los hechos establecidos en primer grado.
La omisión de inscripción del Conservador ocasionó la pérdida de la fuente laboral de todos los trabajadores de la sociedad demandante.
No se acreditó que el dueño del local adoptara medidas de seguridad idóneas para evitar el riesgo de caídas en la pista de baile, pese a que es un accidente predecible por las condiciones del lugar.
La pretensión de la actora se funda en base de una premisa fáctica no establecida por los sentenciadores, consistente en haber soportado el daño ocasionado por el incumplimiento de la entrega oportuna del terreno.
Demandante fue operado en un procedimiento que no era urgente, lo que le ocasionó diversas secuelas físicas, entre ellas, disfunción sexual.
El Servicio Nacional de Consumidor (SERNAC) no fundó su arbitrio en la infracción de lo dispuesto en los artículos 1, 50 y 53 letra c) de la Ley N°19.496.
Solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa que resultan inamovibles de revisión por la vía de la nulidad, salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba.
