El centro médico brindó un tratamiento adecuado a los actores y entregó información acabada en virtud de los antecedentes que poseían al momento de realizar el tratamiento.

El tribunal condenó a la demandada al pago de $12.000.000 por concepto de daño moral.

El plazo de 60 días para ejercer la acción se cuenta desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales.

El tribunal estimó que la demandada no incumplió con su deber de seguridad.

El máximo Tribunal estableció que los libelos impetrados no exponen los supuestos errores de derechos en que habría incurrido la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Dirección General de Aeronáutica Civil no controló ni otorgó asistencia al demandante luego de ser agredido, lo que contraviene su deber de controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados.

El Tribunal de alzada determinó que el inciso segundo del artículo 87 del Estatuto Docente se refiere exclusivamente a los profesores.

La demandada fue condenada al pago de $40.000.000 más reajustes e intereses.

El tribunal de alzada rechazó la demanda sin realizar el análisis del vínculo de causalidad entre el agente y el daño causado.

A la luz del artículo 42 de la Constitución, los prestadores de servicios públicos deben guiar su acción velando por la vida y la salud de sus usuarios.