La Cámara Federal de Apelaciones de Salta responsabilizó a Aerolíneas Argentinas S.A. por daños derivados de la reprogramación de un vuelo debido a una huelga gremial.

El tipo de contratación efectuada —contrato bancario— se sustenta en la seguridad que garantiza el oferente respecto de quien concurre a las instalaciones del primero a realizar una operación. Y ese quiebre de seguridad, como ocurre en la especie, implica una ruptura de la confianza que llevó a los accionantes a concurrir a la sucursal de la entidad bancaria accionada dando por sentado que dentro de la misma no sufrirían daño alguno.

Dice que cayó cuando el vehículo frenó. En ese momento debía de estar sentado y no dio razón de por qué estaba de pie. Esta omisión de la diligencia debida, elevada al plano causal, es relevante en la génesis del daño. Como también lo es la conducción del vehículo sin probar que se hizo con toda la diligencia, que incluye comprobar que los ocupantes del vehículo están debidamente sentados en el momento de arrancar.

La familia de Nargeolet también alega que el fundador de OceanGate habría proporcionado información errónea respecto a la seguridad del Titán, presentándolo como un proyecto avalado por colaboraciones con Boeing y la Universidad de Washington, afirmaciones que, según los demandantes, no reflejaban plenamente la realidad.

La solución apuntada no se modifica por el solo hecho de que el servicio consista en el alquiler de un espacio para la práctica de deportes que conllevan algún tipo de riesgo, sino a causa del deficiente estado de los bienes que se ponen a disposición de los deportistas.

El solo hecho de colocar su firma en la demanda, asumiendo que lo ha hecho sin más argumento que para «ayudar a una amiga» y «desconocer que era una demanda», no le exime de la responsabilidad de la misma pues debemos tener en cuenta que de no haber firmado esa demanda, ésta no se hubiera podido presentar o de presentarse hubiera podido no admitirse.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, que ordenó el pago de una indemnización total de $150.000.000 por concepto de daño moral, a las demandantes.

No se puede decir que la negativa de indemnización por parte de las autoridades atribuya culpa penal a los demandantes. La denegación de las reclamaciones de indemnización de los demandantes en virtud del artículo 133 (1ZA) de la Ley de 1988 no violó la presunción de inocencia en su segundo aspecto.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó a la recurrente al pago de la suma de $10.000.000 por concepto de daño moral, a la trabajadora.

Está acreditado que existe un daño que proviene de una obligación incumplida por parte del demandado, al omitir el deber de cuidado por la falta de seguridad del local de su propiedad, por lo que corresponde resarcir el daño producido según el quantum calculado por las instancias de mérito.