El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por las empresas demandadas, consolidando un fallo que refuerza la responsabilidad solidaria y contractual en casos de negligencia laboral grave.
El máximo Tribunal determinó que los jueces cometieron un error al considerar que la transacción entre la compañía minera y la familia de los fallecidos liberaba a SERNAGEOMIN de su obligación, ya que no fue parte en ese contrato. Lo anterior resultó en la anulación de la sentencia, y en el fallo de reemplazo se condenó a Sernageomin a reparar el daño moral causado por la falta de servicio en que incurrió.
Determinó que se configuró la falta de servicio por parte del hospital al utilizar un dispositivo médico en mal estado, sin realizar controles adecuados ni verificar su calidad. La negligencia en la adquisición y aplicación del insumo derivó en la ceguera de la paciente, incumpliendo el estándar de regularidad exigido a un servicio público.
El máximo Tribunal resolvió que la necesidad de una detallada fundamentación emana de la naturaleza de la acción indemnizatoria ejercida, puesto que la indemnización resulta de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto, y en el caso sub lite la controversia planteada versa justamente sobre los daños que los agentes del Estado de Chile causaron a los demandantes con su actuar.
El máximo Tribunal consideró que el tribunal de segunda instancia extendió su fallo más allá de lo pedido por el recurrente en su recurso de apelación, vulnerando el principio de congruencia.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley; el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y el principio de seguridad jurídica, desde que la norma impugnada -el artículo 2331 del Código Civil- le impide demandar la indemnización del daño moral por imputaciones injuriosas contra su honor a menos de que acredite daño emergente o lucro cesante.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que limita la posibilidad de recurrir respecto de una nueva sentencia definitiva dictada en la causa, en circunstancias que la primera sentencia no se pronunció́ sobre el fondo, sino que acogió́ una excepción de incompetencia.
Es un error considerar como premisa irredargüible que toda vulneración de un derecho fundamental da derecho a una indemnización. Esa interpretación no es correcta, pues confunde el contenido constitucional del derecho con los efectos pecuniarios posibles de su vulneración, refiere el voto disidente.
Pese a que el álbum podía recordar momentos que no resultaran agradables después del divorcio, contenía unas 60 fotografías, entre las cuales no sólo había fotos de los novios, sino de muchos miembros de la familia, lo que al propio tiempo constituía un medio de plasmación de recuerdos.
El Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiese ocasionados.
La prescripción del plazo en materia de responsabilidad estatal tiene como fin último evitar que exista indefinidamente una acción que permita a los afectados exigir a la entidad la reparación integral del daño generado por su actuar administrativo irregular, lo que encuentra su justificación en la seguridad y certeza jurídica.
