El hecho de que los jueces perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial. Por tanto, al adoptar las modalidades de su determinación, los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.
El requirente alega que las normas impugnadas vulneran la igualdad ante la ley, la integridad psíquica y el derecho de propiedad, al discriminar arbitrariamente a quienes profesan la religión católica, excluyéndolos de la magistratura en razón de un sistema jerárquico específico, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos.
El autor considera que, en materia de independencia judicial, es conveniente hacerse tres preguntas: ¿qué debe entenderse por independencia judicial?, ¿por qué es valiosa la independencia judicial? y ¿cómo puede garantizarse la independencia judicial? Las dos primeras preguntas versan sobre fines y, por ello, pertenecen al ámbito de la teoría constitucional. La tercera, en cambio, versa sobre medios y, por ello, pertenece al ámbito de lo que Giovanni Sartori llamó “ingeniería constitucional”.
En su último informe anual, la Oficina de la ONU dedicada a monitorear las garantías fundamentales insta al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y a restablecer el espacio cívico en el país, lo que incluye el cese de la persecución y la restitución de las organizaciones de la sociedad civil.
Los opositores a las reformas han expresado preocupación sobre una posible afectación a la independencia judicial. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha emitido observaciones similares, señalando que la elección de funcionarios judiciales mediante el voto popular podría permitir al partido gobernante ejercer una influencia indebida.
Al adoptar la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, los Estados se comprometen a consolidar la democracia y reconocen que es necesaria para alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Estos dos instrumentos establecen que la independencia judicial es un elemento esencial de todo sistema democrático.
Las condiciones materiales y las normas de procedimiento relativas al nombramiento de los Jueces del TGUE deben permitir que se excluya cualquier duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a que dichos Jueces reúnen las exigencias de independencia y de capacidad profesional para ejercer el cargo de Juez del Tribunal General de la Unión Europea.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó las sanciones aplicadas a dos jueces por perjudicar los derechos de una niña víctima de un delito sexual, al emitir comentarios inadecuados para su rol judicial y que resultaron altamente revictimizantes.
La publicación de este informe pone de relieve diversos aspectos que requieren atención en Hungría, Italia y Eslovaquia, en relación con el Estado de Derecho. La Comisión Europea, a través de este documento, ofrece un análisis detallado y recomendaciones específicas para abordar las deficiencias identificadas en cada uno de estos países.
La garantía de acceso a un tribunal independiente y establecido previamente por la ley implica que la sala del órgano jurisdiccional que esté a cargo del asunto adopte ella sola la resolución que ponga fin al proceso. La composición de las salas debe ser objeto de reglas transparentes y conocidas por los justiciables a fin de excluir cualquier injerencia indebida procedente de personas externas a la sala y ante las cuales las partes no hayan podido formular alegaciones.
El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017. En especial, observará la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género.
