El propósito de la visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017. En especial, observará la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género.

Una persona razonable e informada, que analice el asunto de manera realista y práctica y lo haya pensado detenidamente, no concluiría que el estatus de oficiales de los jueces militares suscita algún temor de parcialidad o que equivale a una falta de independencia suficiente como para que exista un incumplimiento de la Sección 11 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.

Polémica reforma se plantea en México para la elección del poder judicial federal.

El Estado vulneró la garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo y con ella, el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad, protegido por el artículo 23.1.c) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio las víctimas.

Yolanda Rodríguez recupera en su columna la figura de la desaparecida jueza del Tribunal Supremo estadounidense, referente mundial en la lucha por la igualdad, quien consideraba la independencia del poder judicial la piedra angular de la democracia.

La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.

Para poner fin a las violaciones sistémicas del artículo 6.1 del Convenio identificadas en este y en casos anteriores, Polonia debe tomar medidas legislativas apropiadas para cumplir con los requisitos de un “tribunal independiente e imparcial establecido por la ley” y con el principio de seguridad jurídica.

Realizó un recuento de sus hitos anuales y destacó el cumplimiento de los 25 años de la adopción del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. Además, lamentó los desafíos que ha debido enfrentar la Corte en un mundo cada vez más conflictivo e inestable.

Corresponde al tribunal nacional comprobar si la concentración de facultades es capaz de conferir, en la práctica, a las personas que la ostentan, la capacidad para influir en la orientación de las decisiones de los jueces afectados y crear así una falta de independencia o una apariencia de parcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Justicia debe inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática de Estado de Derecho.