Se detectó que, pese a la nueva normativa de antidiscriminación -Ley Zamudio-, existen profundas brechas en trabajo, salud y pensiones.
No obstante, en la promoción del voto informado respecto de actos eleccionarios o plebiscitarios, no es posible emplear medios institucionales para favorecer a solo una de las opciones o candidaturas, por lo que el organismo deberá ajustar sus actuaciones.
La mayoría de las autoridades consideran que sólo la respuesta penal al problema de la violencia en la macrozona es insuficiente. Lo interesante es que son precisamente funcionarios policiales y de la Fiscalía quienes más consideran que los delitos responden a causas sociales más profundas y que su acción es sólo posterior al evento ocurrido, es decir, es una respuesta reactiva.
La Novena Sala de del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), tras establecer que la recurrida actuó dentro de sus competencias legales.
La mayoría (2.252) corresponden a apremios ilegítimos, seguidos por torturas (582), violencia innecesaria (223) y otro tipo de vulneración (159).
Estableció la vulneración de derechos fundamentales de los internos del recinto penal, al verificar que existe un único patio, común a todos los internos y que solo algunos tienen acceso al mismo, entre otras deficiencias, lo que no se condice con la obligación de proporcionar a las personas privadas de libertad un trato digno y humanitario.
Es de conocimiento público que el programa recae en un territorio afectado por hechos de grave alteración del orden público, por ende, todos los funcionarios del INDH que tomen conocimiento de la identidad de quienes accedieron a ser entrevistados deben guardar reserva de tales identidades.
La Corte Suprema tiene competencia privativa y excluyente para conocer de las vulneraciones a la normativa internacional, por lo que la eventual infracción que se habría cometido en la sentencia recurrida no puede ser constatada por esta Corte.
Compete a los Tribunales de Justicia determinar el mecanismo procesal a través del cual el INDH decide hacer presente su parecer en un determinado juicio.
No es el remedio idóneo para interferir en políticas públicas de orden penitenciario, que en el mayor de casos importa la destinación de recursos públicos y que son de resorte exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo, encontrándose proscrito al Poder Judicial mezclarse en dichas funciones, refiere el voto en contra.
