El control de convencionalidad tiene por objeto evitar que los Estados parte apliquen normas contrarias a la Convención, pero solo en relación a causas penales en proceso o por iniciar, y no se extiende a la etapa de ejecución de la sentencia.

La Comisión de Constitución culminó con el estudio de las indicaciones quedando definido el catálogo de delitos, el plazo en que se considerarán amnistiable, y una serie de normas procesales.

La parlamentaria dio a conocer estudios sobre personas sujetas de prisión preventiva a partir del 18-O tras participar en la ceremonia de proclamación de presidente electo Gabriel Boric en el TRICEL. Asimismo se reunió con la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros.

La instancia solicitó al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y al Poder Judicial que actualice la información de cuántos son los denominados presos de la revuelta y de los delitos por los que están siendo investigados.

Por motivos de sentido humanitario se puede indultar a quienes estén cerca de sufrir el momento final de su existencia, por respeto a la dignidad de su persona, a fin de que muera rodeada de sus familiares.

Así lo dio a conocer la presidenta del Senado, Ximena Rincón, al término de la reunión de los comités que definieron la tabla que se tratará en las sesiones de martes y miércoles, y en la especial del jueves. Por su parte, el senador Rodrigo Galilea afirmó que «muchos legisladores consideran que ambos proyectos ameritan perfeccionamientos antes de someterlos a la Sala».

La iniciativa debe ser votada en general por la Sala del Senado y se requieren 25 votos favorables para la aprobación de dos normas y de 22 para el resto de las disposiciones.

La instancia realizó la primera jornada de exposiciones con tres profesionales del área y tiene en agenda recibir esta semana a juristas y especialistas.

El pasado 21 de junio el presidente de España, Pedro Sánchez, aprobó los indultos a nueve de los políticos catalanes condenados por, entre otros, el delito de sedición, pese al informe desfavorable del Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado.

La pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición