Una empresa intentó eliminar de la base de datos de Equifax un informe por morosidad, en circunstancias que reconoce la prestación de servicios adeudada, pero no la calidad de “actualmente exigible” de la obligación. La magistratura estimó que dicha controversia escapa de los límites de la acción cautelar, y que debe ser resuelta por la justicia ordinaria.
Aborda los derechos de las víctimas frente a violaciones de DD.HH. en democracia, el acceso al agua, el derecho a la libertad de religión, de creencia y culto; los derechos humanos de las personas mayores, y de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia; y la desaparición forzada de personas en dictadura.
El órgano reconoce avances desde el retorno de la democracia, pero recomienda tomar acciones frente a hechos que amenazan la libertad de prensa.
La libre determinación debe entenderse como algo que nace con nosotros, es inmanente y es la expresión de lo que somos en relación con los otros en un marco de respeto mutuo.
La Compañía Minera Salares del Norte SpA denuncia que las Bases de la Licitación presentarían características que podrían vulnerar las normas de defensa de la libre competencia.
El proyecto en su redacción actual mantiene similitudes con la versión informada por la Corte Suprema, aunque también se observan diferencias.
La declaración de falsedad ideológica o desviación de poder es procedente cuando se refiere a un acto administrativo que comprenda una decisión.
Es acertado suprimir de la competencia de los Juzgados de Policía Local la resolución de los asuntos discutidos y su incorporación en el ámbito de competencias del juez penal.
«El proyecto persigue la adopción de medidas de emergencia que le permitan al Poder Judicial contar con herramientas para enfrentar la carga laboral generada producto del retraso y las suspensiones vinculadas con la pandemia mundial del COVID-19», plantea el informe.
«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.
Fue enviado al presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Álvaro Elizalde.
