Se busca que todos quienes se sientan que podrán ser afectados por los proyectos, puedan hacer valer sus alegaciones en la fase administrativa, con lo cual podrán ser tempranamente atendidas y se evitará que los problemas lleguen a los tribunales, evitando, en la mayor medida posible, incorporar en otras etapas de esa tramitación a los terceros no considerados.