El mero hecho de que el mismo equipo de la Comisión Europea se encargara a la vez de adoptar la decisión de transacción y el dictamen definitivo referido a Scania no pone en entredicho, por sí mismo y al margen de cualquier otro elemento objetivo, la imparcialidad de esta institución.
El recurrente no ha logrado demostrar adecuadamente que las promociones del “3×2” en productos seleccionados y la del 25% de descuento en las compras a realizarse en el marco del “Hot Sale”, eran mutuamente excluyentes. Ello, toda vez que la denunciada no ha podido rebatir los dichos ni la prueba acompañada respecto de la vigencia y acumulación de las promociones aludidas, ni demostrar cuáles eran las bases y condiciones que circunscribían.
Una empresa del tamaño de Google y con un poder sustancial en los mercados no puede ignorar sus obligaciones en materia de competencia. De los documentos y declaraciones internas de Google, en los que se basa la Comisión, se desprende que la compañía era plenamente consciente de los efectos de las prácticas impugnadas.
La colusión perjudicó a los compradores de automóviles, perjuicio que, en estas circunstancias, se tradujo en el pago de un precio superior al que correspondería en caso de no existir la infracción. Vinculados como estamos a estos hechos, no podemos considerar siquiera las pruebas en que la demandada trata de sostener la inexistencia del daño.
El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.
