El máximo Tribunal declaró que las actuaciones realizadas en segunda instancia tienen el carácter de gestión útil para la prosecución del juicio, considerando el proceso como una unidad, impidiendo atribuir un reproche de inactividad a la parte demandante.
Al imputar la infracción legal de publicidad engañosa, el SERNAC incurre en una confusión de conceptos, puesto que lo que se promociona como ilimitado era la capacidad de datos medidos en gigas, y no la velocidad de navegación que se mide en megas.
La consumidora afectada ejerció su derecho de opción dentro del término contemplado en el artículo 21 de la Ley N°19.496, y cumplía los requisitos para poder optar por la devolución del dinero.
La Ley N°21.081 que entrega facultades de fiscalización al SERNAC, establece en un artículo transitorio un cronograma para la entrada en vigencia de esa ley, pudiendo ejercerse labores de fiscalización en la Región de la Araucanía sólo después de 18 meses de publicada la ley en el Diario Oficial.
Luego de hacer un cotejo de firmas de la actora a simple vista, por falta de una pericia caligráfica, el Tribunal determinó que la rúbrica objetada por la consumidora era muy diferente al resto, sin embargo, estimó insuficiente esa apreciación y la prueba para condenar a la denunciada.
La garantía legal por productos defectuosos está comprendida en los artículos 20 y 21 de la Ley N°19.496, y da la posibilidad de optar al consumidor por la reparación del producto, la reposición por uno nuevo o la devolución del precio pagado.
El Tribunal de segunda instancia rebajó la multa impuesta por infracción a la Ley del Consumidor, por estimar que no se condice con la gravedad de los hechos ni toma en cuenta la conducta posterior del proveedor, que finalmente devolvió el precio de la compra.
El artículo 13 de la Ley N°19.728 requiere que el contrato de trabajo termine por una de las causales del artículo 161 del Código del Trabajo.
No se fijó el recto sentido y alcance de las normas afectadas.
Las exigencias técnicas beneficiarían solo a un oferente, mientras que los demás postulantes dependerían únicamente de una empresa para su abastecimiento.
No es posible estimar que la relación laboral terminó por aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo cuando el despido ha sido declarado improcedente.
