El permiso que el propio imputado otorgó a los agentes para que ingresaran a su domicilio en medio de una investigación por tráfico de drogas, debe ser considerado como una manifestación de su voluntad de querer que los agentes superen toda duda respecto de su participación en algún ilícito, lo que a la postre no resultó favorable para el encausado, pero aquello no significa que la evidencia levantada sea ilegal.
El máximo Tribunal estimó que el ingreso del personal policial al domicilio de la condenada, para levantar evidencia incriminatoria, no vulneró el debido proceso, debido a que los agentes actuaron amparados bajo la facultad de realizar actos autónomos que les reconoce el articulo 83 y siguientes del Código Procesal Penal.
Se autorizó el ingreso de los agentes que exhibieron una orden de detención en contra de un tercero que tenía el mismo domicilio. Durante la diligencia el imputado les indicó que el tercero ya no vivía allí, y que en la casa sólo encontrarían “unas pocas plantas de marihuana que son mías”, información que permitió a los funcionarios detener al infractor y decomisar cuatro plantas de cannabis.
La policía ingresó al lugar por invitación de la hermana del actor para aclarar una denuncia por violencia intrafamiliar, momento en que los funcionarios se percataron de la existencia de drogas y municiones al interior del domicilio.
El precepto legal objetado, al no permitirle a la Corte de Apelaciones concederla afecta flagrantemente la garantía del debido proceso y el contenido esencial de esa garantía.
El requirente estima que el juzgamiento del delito previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, no puede hacerse extensible a la competencia del Tribunal de Justicia Militar.
Las requirentes estiman que los preceptos legales objetados vulneran los derechos de propiedad, a desarrollar cualquier tipo actividad económica, a una protección justa y pacífica del desarrollo de una negociación colectiva y el contenido esencial de esas garantías.
La requirente estima que la preceptiva legal impugnada conculca flagrantemente su derecho de propiedad.
Los requirentes estiman que el precepto legal objetado vulnera los principios de legalidad y tipicidad. La conducta punible descrita no se puede transferir y comunicar a aquellas personas que no detentan la calidad de empleado público.
La requirente estima que el rango de multa “no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra”, vulnera los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.
La requirente estima que la preceptiva legal impugnada conculca su derecho de igualdad ante la ley y el debido proceso.
