El requirente reclamó que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.
7 de enero de 2023
Inhabilidad para contratar
Normas que sancionan a empleadores que contraten con el Estado por infringir derechos fundamentales de sus trabajadores, no se declaran inaplicables por el Tribunal Constitucional.
24 de agosto de 2022
Constituye una medida legítima que cumple con los estándares constitucionales de proporcionalidad igualdad ante la ley y debido proceso. Se modifica precedentes.
Normas que sancionan a empleadores impidiéndoles contratar con el Estado por infringir derechos fundamentales de sus trabajadores, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
11 de agosto de 2022
El requirente reclama que la sanción establecida es desproporcionada, afectando su derecho al debido proceso.
Normas que prohíben a empresas condenadas por vulneración de derechos fundamentales o prácticas antisindicales de contratar con el Estado, serán examinadas en sede de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional.
9 de abril de 2022
El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y el debido proceso.
Con voto en contra.
Normas que impiden a empresa contratar con el Estado en caso que se la condene por prácticas antisindicales, se declaran nuevamente inaplicables por el Tribunal Constitucional.
Vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el debido proceso.
22 de marzo de 2022
Compras Públicas.
Normas que prohíben a empresas condenadas por vulneración de derechos fundamentales o prácticas antisindicales contratar con el Estado, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringen su garantía de igualdad ante la ley y debido proceso.
23 de febrero de 2022
Se confirió traslado a las partes de la gestión pendiente.
TC declaró admisible inaplicabilidad sobre sanción contenida en la Ley de Compras Públicas en relación con la infracción de derechos fundamentales en materia laboral.
La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.
16 de diciembre de 2021
Páginade 1