Serán chilenos quienes nazcan en el territorio de Chile; hijos de padres o madres chilenos; extranjeros con carta de nacionalización y los que obtengan especial gracia de nacionalización por ley.

El Estado definirá planes y programas económicos, sociales y ambientales para la implementación del Buen Vivir. En el desarrollo de estos planes los diversos pueblos de Chile serán los protagonistas de su formulación y evaluación.

La misma ley que lo regule debe establecer también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

Para ello debe implementar las medidas, los servicios o las políticas públicas que fuesen necesarias para universalizar, en todo el territorio del país, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Además, que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran, entre otras regulaciones.

A fin de que ni el legislador ni menos una autoridad administrativa pueda determinar otros motivos por los cuales podrá perderse la nacionalidad.

Por pérdida de la nacionalidad chilena, por condena a pena aflictiva y por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva, es la propuesta de Convencionales Constituyentes.

Con ello se amplía la participación política de los extranjeros que se han avecindado y se han hecho partícipes de la nación chilena.

La iniciativa propone que las personas afectadas puedan recurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de 30 días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno.

El derecho debe ser efectivo y garantizado por el Estado siempre y cuando se cumpla con los requisitos que se establezcan en la carta Fundamental.