La Magistratura Constitucional ponderó la libertad de expresión con el derecho a la honra, especialmente en el contexto de redes sociales, y sostuvo que, aunque la libertad de opinión es fundamental, no es absoluta y está sujeta a responsabilidades por abusos, conforme a la legislación nacional e internacional.
El proceder de la encausada menoscabó públicamente el honor personal y profesional de los querellantes en un grupo de Facebook con más de 40.000 miembros.
El legislador reguló la posibilidad de acreditar la verdad de las imputaciones proferidas en el marco del ejercicio del derecho de informar y emitir opiniones, lo cual no fue acreditado por el acusado.
La libertad de información tiene un valor preminente sobre el derecho al honor de los afectados cuando existe un interés público o general, salvo que dicha información sea falsa o tendenciosa, pues en este caso no iría encaminada a formar una opinión pública libre, sino deformada o manipulada.
