La posición prevalente, aunque no jerárquica, que tiene la libertad de información sobre el derecho al honor, en función de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una opinión pública libre, presupone que la información transmitida sobre un asunto de interés general sea veraz.
No puede omitirse que verse involucrado en noticias de esta especie pudo haberle causado una afectación, pero lo que debe verificarse es si se trata de una conducta antijurídica por exceder el marco del derecho a la libertad de expresión del demandado, lo cual no ocurrió en el caso concreto.
Los documentos privados difundidos a un número limitado de personas deben tener una base fáctica y cuanto más grave sea la acusación, más sólida debe ser esta base. Sin embargo, en el caso concreto los actos denunciados se cometieron sin testigos y la ausencia de una denuncia relativa a tales acciones no puede llevar a calificar su acto como de mala fe.
Los hechos denunciados resultaron veraces. Efectivamente, se acreditó la sustracción de los valores cuestionados, pero lo que no pudo comprobarse es que el recurrente hubiera intervenido o conocido su origen ilícito. Esta circunstancia, aunque determinante para decretar su sobreseimiento, no resulta suficiente para que sea indemnizado en esta sede.
Las frases proferidas por la querellada son frases con una alta carga injuriosa, ofensiva, insultante y denigrante al honor y dignidad del querellante y ello en contraste con la libertad de opinión y de expresión en una sociedad democrática no puede tolerarse.
El recurrente acusó a su sobrina -una menor de 16 años- de vulnerar su derecho a la honra por medio de publicaciones en redes sociales, donde lo sindicaba como autor de presuntas violaciones y abusos sexuales, sin embargo, al momento de la presentación de la acción tutelar, la joven ya había eliminado todas las publicaciones difamatorias, por lo que el recurso perdió oportunidad.
Si bien el fallo apelado contiene un pronunciamiento sobre las costas del procedimiento, lo cierto es que el juez a quo omite señalar siquiera sucintamente, pero con precisión, como era su deber, los motivos de hecho y de derecho en virtud de los cuales adoptó la decisión de condenar en costas a la querellante.
La solicitud de inmediata eliminación de los sitios que el accionante cataloga como ofensivos implica un necesario juicio de valor preliminar acerca de las consecuencias tanto para el actor como para toda la sociedad, sobre la falsedad o veracidad de la información que el peticionario objeta, y ello, excedería ampliamente el limitado marco prima facie cognitivo propio de la medida que se solicita.
En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando con la finalidad de establecer un marco jurídico para regular la IA y poder determinar quien es el responsable ante un daño causado en un contexto en el que se utilice IA. Así, en este momento se encuentran en tramitación tres disposiciones con relación a esta materia.
Lo dicho es una invención completa y no se parece a la denuncia real consultada e incluso confiere datos erróneos, pues ninguna de las declaraciones de ChatGPT está en la denuncia real. OAI es consciente de que ChatGPT a veces inventa hechos y se refiere a este fenómeno como una «alucinación». Además de ser falsas y maliciosas, están expresadas en forma que tienden a dañar la reputación de Walter y lo exponen al odio, el desprecio y el ridículo público.
Es imprescindible ejercer la debida diligencia, incluida la supresión excepcional de garantías individuales que no pueden ser utilizadas como verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, ni como argumento para la supresión o reducción de la responsabilidad civil o penal por actos delictivos, so pena de faltar al verdadero Estado de Derecho.
