La solicitud de inmediata eliminación de los sitios que el accionante cataloga como ofensivos implica un necesario juicio de valor preliminar acerca de las consecuencias tanto para el actor como para toda la sociedad, sobre la falsedad o veracidad de la información que el peticionario objeta, y ello, excedería ampliamente el limitado marco prima facie cognitivo propio de la medida que se solicita.

En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando con la finalidad de establecer un marco jurídico para regular la IA y poder determinar quien es el responsable ante un daño causado en un contexto en el que se utilice IA. Así, en este momento se encuentran en tramitación tres disposiciones con relación a esta materia.

Lo dicho es una invención completa y no se parece a la denuncia real consultada e incluso confiere datos erróneos, pues ninguna de las declaraciones de ChatGPT está en la denuncia real. OAI es consciente de que ChatGPT a veces inventa hechos y se refiere a este fenómeno como una «alucinación». Además de ser falsas y maliciosas, están expresadas en forma que tienden a dañar la reputación de Walter y lo exponen al odio, el desprecio y el ridículo público.

Es imprescindible ejercer la debida diligencia, incluida la supresión excepcional de garantías individuales que no pueden ser utilizadas como verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, ni como argumento para la supresión o reducción de la responsabilidad civil o penal por actos delictivos, so pena de faltar al verdadero Estado de Derecho.

La conducta de la autoridad de gobierno respecto a la demandante, expresada en un tuit supuestamente difamatorio, no se relacionó con sus actividades como ministro o parlamentario. Por lo que la negativa a levantar su inmunidad impidió el acceso de la actora a un tribunal, en contravención del artículo 6 del Convenio.

Por utilizar únicamente la vía del derecho penal, el demandante se había privado de la posibilidad de obtener una reparación a través de los procedimientos civiles disponibles para él. De este modo, limitó el alcance del examen de los tribunales nacionales, que sólo pudieron pronunciarse sobre la falta de gravedad de la supuesta infracción a los efectos del derecho penal.

El artículo 373, 370, y 399 del Código Procesal Penal otorgan legitimidad al condenado y no a la parte acusadora, debido a que es el primero el que sufre el rigor del ius puniendi estatal.