Junto a la decisión sobre quién iba a ser el nuevo presidente del país, los ciudadanos de más de una decena de estados de EE. UU. concurrieron a las urnas por referendos relacionados con el derecho al aborto, el uso recreativo de la marihuana y el arresto a inmigrantes sospechosos, en el caso de Arizona. Estos fueron los resultados.
Es responsabilidad del solicitante presentar en tiempo y forma los antecedentes requeridos, dentro del procedimiento establecido al efecto y cumplir los requisitos legales para permanecer en el país. No puede emplearse la acción de amparo como un mecanismo de tramitación administrativa y agregación de antecedentes que debieron ser puestos a disposición de la autoridad recurrida en su oportunidad, señala el voto en contra.
Si bien es pública y notoria la permisividad con que se actúa en las fronteras chilenas, lo cierto es que tal situación fáctica no importa una autorización jurídica por parte de las autoridades, ni le priva a ella del ejercicio de sus facultades legales.
La dilación debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud.
Extranjeros se encuentran habilitados para hacer egreso del territorio nacional, sin embargo, para el evento de querer reingresar al país requieren contar con un certificado de haber presentado la solicitud de permanencia definitiva en trámite, en los términos del artículo 38 inciso segundo de la Ley 21.325.
Sobre todo considerando las graves consecuencias que conlleva la orden de hacer abandono del país, ya que el amparado ha acompañado antecedentes que demuestran su arraigo familiar y social.
Se le debe permitir su ingreso al territorio nacional para el solo efecto de regularizar su situación migratoria fundado en razones humanitarias para la asistencia de sus hijos y cónyuge accidentado.
Amplía las hipótesis de control preventivo de identidad y otorga nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular o con permisos de residencia vencidos.
La facultad de la autoridad para expulsar cede ante razones humanitarias relacionadas con la protección de la familia, asentadas en normas de la Carta Fundamental y tratados internacionales, más si la autoridad se desistió en su oportunidad de la denuncia por haber aquella ingresado al país de modo irregular
No corresponde al máximo Tribunal determinar si procede otorgar la residencia definitiva a la actora.
La existencia de un decreto de expulsión vigente no impide iniciar el procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado.
