La magistrada acogió la acción de dos particulares, tras constatar que los contratos de compraventa, celebrados en marzo de 2016, nunca fueron legalizados por parte de la recurrida, cuyo plazo era de 30 días hábiles y que, por tanto, no se concretó la venta comprometida de los inmuebles ubicados en el barrio universitario de Concepción.

La Cuarta Sala del máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso sustancial por manifiesta falta de fundamento.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que está en riesgo el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación de los residentes del sector, en el cual se han registrado siniestros originados por la construcción.

El Tribunal, luego de revisar la información contenida en el expediente administrativo, sostuvo que es posible arribar a la conclusión sobre la existencia y extensión del Humedal Urbano Quebrada Gramado e indicó que tales antecedentes dan cuenta que el referido humedal corresponde a un cauce natural que presenta condiciones de inundación periódica, así como también presencia de especies hidrófitas.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del arbitrio al estar dirigido en contra de los hechos establecidos por los jueces del fondo.

El máximo Tribunal consideró que el fallo se encuentra bien fundamentado, por lo tanto no hay infracción.

Si bien es discutible la decisión de la magistratura de limitar las fallas o defectos en la construcción a los consignados en el acta definitiva de entrega de la propiedad, no puede tener influencia en lo resolutivo si se tiene en consideración que no se acusó la vulneración de normas reguladoras de la prueba que habrían posibilitado a esta Corte modificar los hechos establecidos en la instancia.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local Osorno, que acogió la denuncia formulada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y ordenó, además, oficiar a diversas reparticiones públicas para que fiscalicen los hechos denunciados.

En una de las cláusulas se estableció que, si la compradora no celebraba el contrato definitivo, la inmobiliaria podría retener lo pagado inicialmente y dar por resuelto el contrato de pleno de derecho.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado. La resolución agrega que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como lo es que el escrito en que se lo interpone ‘exprese’ –explicite– en qué consiste –cómo se ha producido– el o los errores, siempre que estos sean ‘de derecho’.