Si bien es discutible la decisión de la magistratura de limitar las fallas o defectos en la construcción a los consignados en el acta definitiva de entrega de la propiedad, no puede tener influencia en lo resolutivo si se tiene en consideración que no se acusó la vulneración de normas reguladoras de la prueba que habrían posibilitado a esta Corte modificar los hechos establecidos en la instancia.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local Osorno, que acogió la denuncia formulada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y ordenó, además, oficiar a diversas reparticiones públicas para que fiscalicen los hechos denunciados.

En una de las cláusulas se estableció que, si la compradora no celebraba el contrato definitivo, la inmobiliaria podría retener lo pagado inicialmente y dar por resuelto el contrato de pleno de derecho.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado. La resolución agrega que el artículo 772 N° 1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como lo es que el escrito en que se lo interpone ‘exprese’ –explicite– en qué consiste –cómo se ha producido– el o los errores, siempre que estos sean ‘de derecho’.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos asentados por el tribunal del fondo.

La denunciada sostuvo que los defectos presentes en la propiedad no habían sido causados por un trabajo negligente, sino que únicamente por la falta de mantención de algunos aparatos de parte de los habitantes de la vivienda afectada.

El fallo señala que para adoptar tal decisión la sentencia de primera instancia señaló que Inmobiliaria Aconcagua S.A., no ha celebrado ninguno de los contratos de promesa de compraventa de inmuebles cuyas cláusulas se imputan ser abusivas, sino que estos contratos habrían sido suscritos por sociedades filiales, que no fueron emplazadas al juicio.

En la sentencia, la magistrada acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras constatar que las empresas demandadas incumplieron con la obligación de seguridad en la faena donde se registró el accidente laboral.

El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada, rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción opuesta por la inmobiliaria, y le ordenó pagar a la demandante la suma de $10.000.000, por concepto de daño moral, como primera propietaria del departamento.