El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y el artículo 22 del tratado de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como así también, el artículo 5 inciso segundo constitucional, desde que a pesar de que el Estado de Chile se comprometió de buena fe a celebrar un Tratado Internacional, la norma impugnada impide oponer la excepción de inmunidad de jurisdicción, en circunstancias que las normas internacionales gozan de un estatus jerárquico superior al derecho doméstico.