Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.

La Corte de Santiago deberá conocer la acción constitucional y pronunciarse sobre la misma, pese a negar su tramitación en primera instancia.

Dado que el ordenamiento jurídico le concede una serie de recursos administrativos ante la autoridad sanitaria para poner término la situación descrita.

El ISP no cumplió de forma clara la entrega de estos antecedentes ante requerimiento que se le formuló.

La recurrente arguye que los hechos denunciados constituyen una sanción anticipada, sin un debido proceso que permita verificar las imputaciones que pesan en su contra, las que sostiene son falsas y pretenden su descrédito.

Al no recurrir el ISP en contra de la sentencia de primer grado que rebajó la multa impuesta, materia que fue reiterada con declaración por la sentencia recurrida de la Corte de Apelaciones, solo cabe concluir que dicha sentencia no le causó agravio.

Al dilatarse excesivamente el sumario deviene en arbitrario e ilegal, conculcando la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución y afectando el desarrollo profesional del recurrente.

Con todo, deberá tarjar la información que se individualiza en lo resolutivo del fallo.

Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, destacó el uso de herramientas que dispone la normativa y que posibilitaron acceder a información de organismos del Estado que permitió mapear la ruta de distribución del medicamento y los centros de salud públicos que los entregaron.