La negativa a proporcionar medicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del recurrente, sobre la base de consideraciones de índole administrativa y económica, importa un acto arbitrario que amenaza una garantía fundamental, puesto que la recurrente no se encuentra en condiciones de adquirirlo.
La ausencia de criterios en la ley permite que las multas impuestas carezcan de fundamentación, salvo consideraciones genéricas insuficientes, por lo que el artículo 174 inciso primero del Código Sanitario vulnera el mandato de interdicción de la arbitrariedad y el deber de proporcionalidad, entrabando el derecho a defensa, en el marco de un procedimiento racional y justo del administrado, e impiden, en definitiva, un eficaz control de lo actuado por la Administración, refiere el voto en contra.
El actor alegó que con la entrega de la información se incumplirían cláusulas de confidencialidad firmadas con el fabricante del medicamento, argumento que fue rechazado por la Corte, por cuanto las normas sobre transparencia están por sobre estipulaciones contractuales.
El laboratorio dejó de elaborar el fármaco sin entregar los estudios de perfiles de disolución solicitados por el Instituto de Salud Pública.
El Instituto de Salud Pública ha actuado dentro del marco legal, sancionando las infracciones encontradas en los días de inspección, por lo que no procede dejar sin efecto o rebajar las multas aplicadas.
El reclamante estaba obligado, en su calidad de titular de los registros sanitarios, a realizar los reconocimientos de equivalencia terapéutica, aun cuando éstos no hayan sido comercializados.
Requirente solicitó información sobre un bioequivalente para el tratamiento del VIH.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia apelada, dictada por el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que rebajó las sanciones.
