El consejero del INDH Francisco Ugás dijo que “la Corte Interamericana, como medida de reparación entre otras que contempla, manifiesta el deber del Estado de Chile de revisar y anular las sentencias que a partir del 2007 aplicó, adecuando en ese sentido las penas a lo que corresponda sin la aplicación de la medida de prescripción que rebaja ostensiblemente las penas a criminales de lesa humanidad”.
L Primera Sala del tribunal de alzada acogió las acciones de amparo al considerar que el imperio del derecho de los internos se encontraba vulnerado.
Es de conocimiento público que el programa recae en un territorio afectado por hechos de grave alteración del orden público, por ende, todos los funcionarios del INDH que tomen conocimiento de la identidad de quienes accedieron a ser entrevistados deben guardar reserva de tales identidades.
La Segunda Sala del tribunal de alzada no hizo lugar al recurso constitucional de amparo, tras establecer que, con los datos aportados por la recurrente, no es posible tener por acreditado el actuar ilegal y vulneratorio atribuido a la policía, como exige la norma legal.
Compete a los Tribunales de Justicia determinar el mecanismo procesal a través del cual el INDH decide hacer presente su parecer en un determinado juicio.
Los antecedentes recopilados constituyen antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, por lo que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del INDH.
La abogada integrará el citado organismo luego que el consejero Carlos Frontaura cumpliera con el período por el cual había sido nominado.
Los actores denuncian el mal mantenimiento de los restos óseos y objetos funerarios de sus antepasados, los que se encuentran en bolsas plásticas al interior de cajas de cartón, sin ningún tipo de medidas de protección o conservación en el Museo de Purén.
La ocupación de la sede del Instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos.
La Corte de Concepción indicó que, el hecho de dar de alta a la afectada «como medida disciplinaria» a escasas horas de haber dado a luz, constituyó una arbitrariedad manifiesta.
