Rechazar licencias médicas dificulta la vida e integridad física y al no contar con el subsidio de incapacidad laboral se afecta también el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.
La recurrente denunció por acoso sexual -entre otras cosas- al director del programa de postgrado que cursa, solicitando a la universidad el cambio de sede para finalizar su especialización, petición que fue rechazada por el plantel y confirmada por el máximo Tribunal, que estimó que los actos administrativos intermedios no pueden ser impugnados mediante la acción cautelar, pues aún no finaliza la investigación interna iniciada con la denuncia de la actora.
Al reconstruir la sucursal “San Francisco de Borja” -vandalizada durante el estallido social-, el Banco instaló turbinas de ventilación que producen constantes ruidos molestos a los vecinos de un edificio contiguo, vulnerando con ello el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el derecho a la integridad psíquica.
Es al órgano jurisdiccional, dentro de las facultades inquisitivas que van ínsitamente vinculadas a estos arbitrios, a quien concierne exclusiva y excluyentemente determinar respecto de quién se otorga la protección, y el cómo, el cuándo y la forma en que materializará la misma.
Mantener medidas de protección ineficaces por un plazo no razonable, constituye una forma de negación del derecho a la igual protección lo que afecta la posibilidad de la actora a continuar con sus estudios.
Al rechazarse la apelación de una sanción impuesta por su oficial superior, en el mismo acto se aumentó el castigo original, infringiendo el principio reformatio in peius, al dejar a la afectada en una peor posición de la que se encontraba antes de recurrir, circunstancia que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica de la agente.
Los hechos denunciados han afectado la integridad psíquica y la honra del cautelado, garantizadas por la Constitución.
Recurrente actúa en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que presenciaron el acto como parte del cierre de campaña del apruebo, el cual fue difundido por las redes sociales del Alcalde de la comuna y vulneró los derechos de los menores de edad.
No concurre omisión ilegal o arbitraria alguna por parte de la Armada que haya vulnerado la garantía constitucional alegada.
Además, se dispuso que el municipio debe adecuar su protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, laboral y discriminación arbitraria.
La pretensión de la recurrente dice relación con la regulación de eventuales visitas, materia propia de un juicio de lato conocimiento, lo que excede a la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso intentado.
