El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, advierte contra el peligro que enfrenta la jurisprudencia, si se adoptara la Inteligencia Artificial como un recurso de primera línea, porque la jurisprudencia «es un sistema vivo», afirma.

Afectaría de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población, particularmente a personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, familias monoparentales (principalmente mujeres) y personas que viven en condiciones de pobreza.

La jornada comenzó con las palabras de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez, quien agradeció a los invitados y resaltó la importancia del seminario, al manifestar que la Inteligencia Artificial (IA)  “ya está afectando diversos ámbitos de nuestra vida y que, como sociedad, debemos estar preparados para adaptarnos a este nuevo escenario”.

En su decisión, el Tribunal sostuvo que el interés del Estado en garantizar elecciones libres y justas, aunque legítimo, no justificaba la restricción a la libertad de expresión tal como estaba planteada en la legislación.

La IA generativa se refiere a sistemas de inteligencia artificial capaces de crear contenido nuevo y original, desde texto e imágenes hasta música y código de software. Esta tecnología no solo puede analizar patrones complejos y realizar predicciones, sino que también puede generar soluciones innovadoras para problemas cotidianos y laborales.

La International Bar Association (IBA), la voz global de la profesión legal, la primera asociación de juristas en sumarse al Convenio Marco del Consejo de Europea sobre la Inteligencia Artificial

A pesar de este veto, el gobernador ha firmado recientemente tres proyectos de ley relacionados con la regulación de la inteligencia artificial. Estas leyes tienen como objetivo mitigar los efectos del uso de la IA en la creación de contenidos relacionados con las elecciones, particularmente en lo que respecta a la proliferación de “deepfakes”.

La inteligencia artificial puede ayudar al fortalecimiento de los sistemas democráticos y promover la participación pública, mejorar la igualdad y contribuir al desarrollo, pero también puede desestabilizar los sistemas democráticos difundiendo desinformación, alimentando el discurso de odio y distorsionando la opinión pública con información falsa, alerta el titular de la ONU, llamando a regular las nuevas tecnologías.

La actividad se efectuará el viernes 4 de octubre en Antofagasta y contará con la participación de diversos especialistas.

Estas leyes complementan la AB 730, introducida en 2019, que prohíbe la distribución de «deepfakes» relacionados con candidatos en los 60 días previos a su participación en una boleta electoral. La AB 730 también establece la posibilidad de que los candidatos afectados por deepfakes puedan emprender acciones legales.