Facebook Argentina S.R.L. pareciera soslayar que la información le es requerida en el marco de un proceso judicial, por lo que las «condiciones» y la «política de datos del servicio de Facebook» redactadas por Meta Platforms Inc. no pueden constituir un obstáculo para el cumplimiento de la manda judicial, al no advertirse que su acatamiento vulnere para los usuarios la expectativa legítima de que sus datos sean protegidos por dicha compañía.

Cuando una ONG llama la atención sobre cuestiones de interés público, está ejerciendo un papel similar al de la prensa y podría caracterizarse como un “vigilante” social. Además, la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que naturalmente tiene como objetivo provocar y agitar, contribuyendo así al debate público.

El caso refleja un enfrentamiento entre el sector de la producción de alimentos cárnicos y los fabricantes de productos vegetales, quienes han defendido su derecho a utilizar términos tradicionalmente asociados con sus productos.

Determinó que los reclamos presentados por X no estaban justificados legalmente y que la CCDH estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en un tema de interés público al denunciar discursos de odio en línea.

Los diarios de reuniones solicitados existían y, por tanto, estaban «listos y accesibles». Por lo tanto, la negativa a conceder acceso a los diarios de reuniones había interferido con el derecho de la ONG demandante a recibir y difundir información. La información precisa es una herramienta del oficio de un organismo de control público.

Los tribunales nacionales no equilibraron los derechos en juego de conformidad con la jurisprudencia del TEDH. La injerencia en los derechos del actor no estaba respaldada por razones pertinentes y suficientes, y se había dado un peso desproporcionado a la reputación del político y el bufete. Por lo tanto, los tribunales nacionales excedieron su discrecionalidad (“margen de apreciación”), en violación del artículo 10 del Convenio.

El Tribunal de Justicia considera que la posibilidad de que los ciudadanos tengan conocimiento de esas normas puede serles necesaria para comprobar si un producto o servicio determinado cumple efectivamente los requisitos de dicha normativa. Por lo tanto, la divulgación de las normas armonizadas en cuestión reviste un interés público superior.

Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones «graves y objetivamente impostergables» que habiliten el dictado de una medida cautelar «interina», considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia.

En un contexto sin precedentes y altamente sensible, había sido aún más importante que las autoridades nacionales tuvieran primero la oportunidad de lograr un equilibrio entre intereses públicos y privados en competencia o entre diferentes derechos protegidos por el Convenio, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones locales y la situación de salud pública, tal como estaba en ese momento pertinente.

Se inadmite la pretensión, pues se trata de un daño no real ni efectivo y meramente hipotético. Y es que por un lado es notorio que tras la pandemia el sector no solo no ha perdido clientela, sino que se ha visto estimulada con el levantamiento de las medidas restrictivas acordadas durante la pandemia, sin que haya datos para afirmar que el ciudadano ha perdido hábitos de consumo por tales medidas.