Los jueces, en el caso, deberán guiarse por principios de carácter convencional y constitucional, como son el “interés superior del niño” y la “protección de la unidad familiar”, conforme lo ha hecho ya la Corte Suprema de la Justicia de la República en numerosas sentencias.

Debe ser respetado el derecho a la identidad judía del niño como principio rector al momento de evaluar los potenciales adoptantes, manteniendo así todos los miembros de la nueva familia en conformación la misma identidad, cultural y/o religiosa y, consecuentemente, peticionarse un listado de pretensos adoptantes que tenga en cuenta dichas características.

Este servicio permite que los niños puedan acceder y permanecer en el sistema educativo, en tanto les garantiza, en igualdad de condiciones, su accesibilidad geográfica y económica. Así, podrán acceder al transporte escolar gratuito como medida para superar las barreras económicas que harían inaccesible su educación.

Se configura un déficit de protección en el marco de la prestación del servicio militar por parte de mujeres que, eventualmente, podrían ejercer un rol reproductivo. Esta ausencia regulatoria también desconoce el interés superior del menor de edad que sea gestado en curso de la prestación voluntaria de dicho servicio.

Es indispensable que se adopten medidas simbólicas por el impacto que el problema ha tenido sobre los derechos fundamentales de los niños, quienes son un grupo poblacional de especial protección constitucional. Una infraestructura deficiente no solo vulnera el derecho a la educación, sino también los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la posibilidad de escoger una profesión u oficio.

El máximo Tribunal invalidó de oficio la sentencia de alzada, y confirmó aquella de base que rechazó la solicitud de cambio de nombre respecto de un niño y una adolescente presentada por el tío materno de los menores, luego de razonar que la falta de justificación de la sentencia recurrida evidencia la existencia de un vicio de nulidad formal, al no considerar asuntos discutidos entre las mismas partes en cinco juicios previos en sede de familia, lo que vulnera el interés superior de los niños en cuanto al derecho que poseen de vincularse con su madre.

Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.

Es importante que los progenitores al momento de hacer publicaciones que involucren datos de sus hijos, valoren el interés superior de los niños de cara a los riesgos particulares que genera la exposición de sus datos en entornos virtuales, dando prevalencia a la manifestación de su voluntad, en atención a su edad y madurez.

Recurrente actúa en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que presenciaron el acto como parte del cierre de campaña del apruebo, el cual fue difundido por las redes sociales del Alcalde de la comuna y vulneró los derechos de los menores de edad.