Como regla general, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer sus propias creencias poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, actuando en contra de su interés superior.

En cuanto a dichos marcos convencionales, si bien hallan su norte inicial en el compromiso relativo a la lucha para evitar los traslados ilícitos de niños y su retención ilícita en el exterior de los países en los cuales se hallara su centro de vida, no escapan al prisma de examen que impone el interés prioritario en juego que es el del niña, niño o adolescente.

La niña se encuentra actualmente inserta íntegramente en el sistema familiar del matrimonio. Ha crecido en dicho ámbito, desplegando su personalidad a partir de este seno familiar y desarrollando sus intereses, lazos afectivos y amistades que conforman su vida y, como ya se expuso, su identidad. Considero que la adopción plena es la figura que mejor recepta el derecho y el deseo de la menor.

Constituye una exigencia del propio Manual de Traslado atender a principios como la interdicción de la arbitrariedad, la transparencia y la publicidad, considerando la debida ponderación de los aspectos profesionales y personales del personal, destacándose en este último punto, la situación de trabajo del cónyuge y estudios de sus hijos y la salud de los miembros de su grupo familiar.

La regla del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones, tiene —al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias—, el efecto de separar conceptualmente aquél interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso llegado el caso, el de los padres.

El máximo Tribunal resolvió que las alegaciones de ser madre de un menor de nacionalidad venezolana inserto en el sistema escolar chileno y de contar con una propuesta de contrato de trabajo condicionado a la obtención de los permisos migratorios requeridos, no tienen la entidad suficiente para impedir la expulsión.

Resolvió que la autoridad migratoria no consideró adecuadamente los antecedentes aportados en relación a su situación familiar, y que dicha omisión en la fundamentación implica que el acto administrativo impugnado se encuentre viciado por una ilegalidad sobreviniente. Ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento considerando todos los antecedentes.

Al decretarse la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la madre en términos amplios, de cumplimiento compulsivo, lo que obliga al menor, en los hechos, a abandonar el hogar que comparte con ella, se lo sitúa en una condición de desprotección y desamparo. Por ello se restringe la medida cautelar en términos que regirá únicamente para evitar que el adolescente se aproxime en términos violentos a su progenitora.

La Ley de Seguridad en Línea establece que las plataformas digitales tienen la obligación de cooperar con las autoridades competentes para asegurar la protección de los menores en entornos digitales. En este contexto, el Comisionado solicitó datos específicos a X Corp. con el objetivo de evaluar las medidas implementadas por la empresa para combatir el abuso infantil en su plataforma.

Las actitudes obstruccionistas y resistentes a un adecuado desarrollo del vínculo parental con el progenitor no conviviente no solo implican un incumplimiento de los deberes propios de la responsabilidad parental, sino que también pueden conllevar un daño psicológico a los hijos que, a la postre, conculcan su interés superior.