El mero vínculo biológico de un padre es simplemente un factor entre muchos que pueden ser relevantes para el interés superior del niño. Los jueces no están obligados a tratar la biología como un desempate cuando dos posibles padres con custodia son iguales. Comparar la cercanía o el grado de conexión biológica es un predictor engañoso, reduccionista y poco confiable de quién puede cuidar mejor a un niño.

Las razones de orden administrativo o económico para justificar el rechazo de la inoculación de niños y niñas de dicho grupo etario, resultan insuficientes y deben, necesariamente, ceder ante la necesidad de resguardar el interés superior y la garantía constitucional a la vida e integridad física.

La ley impugnada afecta los derechos de los consumidores y la protección de los niños y adolescentes. La Constitución Federal establece que es competencia concurrente de la Unión, los Estados y el Distrito Federal legislar sobre la protección de la niñez y la juventud.

Actualiza la normativa chilena a los estándares internacionales de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

El derecho a la educación no puede quedar condicionado a la decisión de los adultos que se encargan del cuidado de los menores pues, incluso, en el caso de sus padres, las preferencias de éstos no pueden privar a sus hijos de un bien básico para su vida autónoma como es la educación, porque los hijos no son una extensión de los padres, sino personas potencialmente autónomas que tienen derechos fundamentales frente a todas las demás.

Negar validez al certificado de nacimiento extranjero emitido legalmente, que acredita la relación entre el padre de intención y el niño nacido por subrogación en los Estados Unidos, sin prever medios alternativos de reconocer esa relación, contravino el interés superior del niño. En otras palabras, la imposibilidad general y absoluta, durante un período de tiempo significativo, de obtener el reconocimiento de la relación supuso una interferencia desproporcionada en los derechos del niño.

La institución recurrida decidió trasladar a los dos gendarmes a la ciudad de Valparaíso, a fin de no alterar la composición familiar y respetar al interés superior del hijo de ambos funcionarios.

No solo es el juez de la extradición, durante el trámite judicial, el que puede y debe velar por hacer efectivo el interés superior del niño, sino también cada una de las demás autoridades estatales en lo que resta del procedimiento de extradición.

No se ha justificado que el traslado sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, o afecte de manera justificada el orden y seguridad del recinto.

En la comuna de Lautaro no existe sala cuna particular y las de la JUNJI y Fundación INTREGRA funcionan con el sistema de cupo por lo que se configura una de las hipótesis en que la jurisprudencia administrativa permite compensar al empleador en dinero su obligación.