Toda interpretación de las normas que procuran el equilibrio entre derechos, cuando se trata de menores de edad, debe basarse en asegurar el interés superior del menor.
Si bien en la decisión se debe dar un peso significativo al interés superior de los menores, nada sugiere que tuvieran una necesidad absoluta del apoyo de su padre dado que tienen 19, 17 y 12 años de edad.
Las autoridades judiciales accionadas respondieron las pretensiones de los sujetos procesales, con base en los elementos de convicción actuados dentro del proceso. Además, dentro del marco de sus competencias, respetaron el principio de debida diligencia al tomar en consideración para su análisis las condiciones particulares de la presunta víctima y la naturaleza del delito.
La administración de las pensiones de las cuales son beneficiarios los niños recae, por regla general, en los padres. Sin embargo, cuando haya una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los niños, las entidades pueden realizar el pago de la pensión a quienes tengan la titularidad del derecho de custodia.
El reconocimiento de las licencias de maternidad y de paternidad no es un beneficio caprichoso que se concede al trabajador por el simple hecho de ser padre, sino una garantía del interés superior del niño. El acompañamiento de los padres contribuye al fortalecimiento de los vínculos paterno filiales y, por ende, al desarrollo armónico e integral de la niñez, que parte del concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad.
En determinados casos, el grado de desamparo en que quedan los familiares del migrante debe ser considerado una injerencia arbitraria e irrazonable al derecho a la protección de la vida familiar. Si en estas hipótesis se incluyen menores de edad, la reunificación es decisiva en virtud del interés superior del niño.
La menor fue llevada por su padre a la toma de muestra bajo el pretexto de que le estaban practicando un examen PCR para descartar que tuviera COVID-19, vulnerando con ello la igualdad ante la ley y el derecho a la honra de la niña.
No existe dependencia entre la resolución que dictó medidas cautelares de orden penal adoptadas para proteger a la víctima y la validez de la norma cuestionada, por lo que la cuestión de inconstitucionalidad es inadmisible y procede emitir pronunciamiento de fondo.
El criterio prioritario es la protección del menor extranjero que se encuentra sin familia que lo cuide, ya que lo hace un menor más vulnerable.
Un Estado presente, en el que la Salud Pública es un eje prioritario, demanda establecer las condiciones necesarias para que la accesibilidad de sustancias para su uso medicinal responda a estándares de calidad y seguridad sanitarios.
