El Estado y sus agencias deben garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia, entre ellos su seguridad individual y salud física y mental, lo que en este caso se incumple.
Este tribunal no divisa otra medida cautelar que pueda ser adoptada en la contingencia expuesta, debido al peligro que implica la libertad del imputado para la víctima de delitos en contexto de VIF.
Ordenó que sean trasladados y recibidos de manera inmediata por el Hospital Horwitz o un centro asistencial de naturaleza similar y ofició al Ministerio de Salud a fin de que adopte las medidas necesarias para efectos de habilitar camas en los centros siquiátricos destinados a que los imputados cumplan con la medida cautelar de internación provisional.
Si bien ha sido privado de su libertad en virtud de una medida dictada conforme a derecho, en los hechos, debe soportar tal régimen cautelar en condiciones diferentes (inferiores y deficientes) a aquella que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Si bien ha sido privado de su libertad en virtud de una medida dictada conforme a derecho, en los hechos, debe soportar tal régimen cautelar en condiciones diferentes (inferiores y deficientes) a aquella que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico vigente.
La madre del imputado señaló que no tenía recursos económicos para tener internado a su hijo en un centro asistencial privado, por lo que estaba de acuerdo con lo decidido en la audiencia, informó el recurrido.
Corresponde al Estado garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, entre los que se encuentra el derecho a la salud física y mental, lo que en este caso se incumple por cuanto se mantiene a la amparada sujeta a la medida cautelar de internación provisional en un centro que no cuenta con las capacidades para atender su patología mental, cuando el tribunal ya decretó la suspensión del procedimiento
Custodiar a una persona que mantiene una medida de seguridad de internación provisional en un contexto penitenciario constituye una grave vulneración a sus derechos, pudiendo en caso de descompensación, provocar un serio peligro para su integridad física y la del resto de la población penal y personal de servicio, informó Gendarmería.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió las acciones de amparo al considerar que el actuar de los recurridos ha sido arbitrario.
Se trata de una medida privativa de libertad, por lo que se debe aplicar el artículo 348 del Código Procesal Penal conforme al artículo 456 del mismo Código.
No obstante, la Corte ordenó la libertad judicial del amparado, sin perjuicio de lo que pueda referir y/o adoptar la autoridad médica sanitaria tratante en cuanto a la pertinencia del alta y egreso del Hospital Psiquiátrico en atención al estado de salud y capacidad actual del interno en base a su historial de vida.
