Su ámbito de aplicación incluye una normativa armonizada para productos digitales y programas informáticos, exigiendo que estos se diseñen bajo principios de seguridad que abarcan todas las etapas de producción. Asimismo, se establece un marco integral que asegura el deber de cuidado continuo por parte de los responsables durante toda la vida útil del producto.
El uso realizado por Internet Archive carece de carácter transformador. En cuanto a la naturaleza de las obras reproducidas, se consideró que estaban protegidas de manera plena por la ley de derechos de autor. Además, la reproducción abarcaba la totalidad de las obras, lo que constituyó una copia sustancial.
Para la elaboración de este documento, la Relatoría Especial se ha nutrido de los comentarios realizados por Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado, así como los integrantes del Comité Ad Hoc del Diálogo de las Américas sobre libertad de expresión en Internet, en el que participó R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Consagra la conectividad digital como un derecho básico, entregando al Estado las herramientas y facultades para garantizar este derecho a la ciudadanía.
El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que autorice a la autoridad pública competente, con el único propósito de identificar a la persona sospechosa de haber cometido una infracción penal, a acceder a los datos de identidad civil correspondientes a una dirección IP. No obstante, los Estados miembros deben garantizar que ese acceso no permita obtener conclusiones precisas sobre la vida privada de los titulares de las direcciones IP de que se trate.
Entre los artículos destacados, y como un asunto estratégico y vector estructural del proyecto, está consolidar la «convergencia tecnológica» como un principio en la ley. De esta manera, lo que hasta ahora consolidaba un ambiente divergente, con esta inclusión explícita en el cuerpo legal, se asegura que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones puedan adaptarse y evolucionar con las nuevas tecnologías y servicios.
La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.
El objetivo de la Carta es proteger de manera significativa la privacidad en línea de los canadienses en el mundo abrumadoramente digital de hoy. Una dirección IP es el vínculo crucial entre un usuario de Internet y su actividad en línea. Visto normativamente, es la clave para desbloquear la actividad de un usuario en Internet y, en última instancia, su identidad.
Una de las principales disposiciones de esta ley es la que obliga a las plataformas en línea a eliminar rápidamente el contenido perjudicial de sus sitios, como el que promueve la violencia o el odio, una medida destinada a proteger a los usuarios de Internet, especialmente a los menores de edad.
La resolución que ratificó la Cámara llama a asignar suma urgencia al proyecto que modifica la Ley 18.168, para restringir el acceso de menores de edad a sitios de internet con contenidos perjudiciales para su desarrollo.
Se alega que estas aplicaciones utilizan tecnologías avanzadas y algoritmos para crear una experiencia adictiva, similar a la de los videojuegos, que prioriza las ganancias corporativas sobre la satisfacción y la interacción entre los usuarios.
